Poder Judicial contra violencia de género

La ministra de la Corte Suprema y encargada de asuntos de género y no discriminación, Andrea Muñoz, participó en el seminario “El dilema del sistema penal frente a la violencia contra las mujeres: Femicidio y actos de defensa contra la violencia de género”, organizado por el Poder Judicial en conjunto con el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, que se conmemora todos los 25 de noviembre. “Quiero destacar el carácter interinstitucional de esta actividad como parte del trabajo conjunto que estamos desarrollando al amparo del convenio marco que firmamos hace un par de años. Es importante reforzar esta coordinación y seguir trabajando colaborativamente”, señaló la ministra Muñoz. Asimismo recalcó que “el Poder Judicial de Chile mantiene su compromiso para adoptar medidas con el fin de garantizar un efectivo acceso a la justicia a todas las mujeres que han sido víctimas de violencia, para lo cual nos hemos dotado de una institucionalidad a nivel nacional y local y una política institucional en la materia, la cual constituye una hoja de ruta, tanto en el ámbito interno como externo, al establecer como uno de sus ejes estratégico la “No violencia de género” orientado a la creación e implementación de protocolos de actuación específicos para brindar una adecuada atención a las víctimas “. En la ceremonia -que encabezaron además el fiscal nacional (s) Xavier Armendáriz y el defensor nacional, Carlos Mora- la ministra Muñoz se refirió a los desafíos de las tres instituciones, en dónde dijo que a pesar del trabajo realizado aún se aprecia la existencia de diversas barreras que limitan el acceso a la justicia a las mujeres y niñas, entre ellas la escasa coordinación interinstitucional para atender todas las aristas del problema. Agregó que “varios de los problemas presentes en la persecución penal de los casos relativos a violencia de género se producen cuando las víctimas no se sienten realmente protegidas, tienen una limitada participación y no logran comprender claramente las distintas etapas de los procedimientos legales. Por lo tanto, se hace indispensable una mayor coordinación interinstitucional para brindarles un efectivo acceso a la justicia, el cual debe ser comprendido como un derecho fundamental que impone al Estado deberes de conducta, en orden no solo a permitir el acceso, sino a generar las condiciones para que sea posible y efectivo, que ya algunos plantean como un verdadero derecho a la prestación jurisdiccional”, finalizó la ministra. En el seminario se abordaron sobre dos sentencias ejecutoriadas emitidas por tribunales chilenos a fin de analizar como el sistema de justicia penal se enfrentó a los dos casos concretos en las voces de las personas que intervinieron en la investigación, defensa y decisión de las causas. Fuente: Ámbito Jurídico